Los honorarios de los abogados en las causas de Seguro Social por discapacidad están regulados por una ley federal, o sea que prácticamente todos cobran los mismos honorarios. Dicho arancel es el 25% de la cantidad que a usted le corresponda cobrar por los beneficios obtenidos, hasta una cifra máxima establecida por la ley. Si la causa se pierde, no debe pagar nada.